A medida que la pandemia de COVID-19 se propagaba por todo el mundo entre marzo y abril de 2020, quedó cada vez más claro que las sociedades en conflictos armados, y aquellas que habían priorizado la inversión en seguridad militar, eran menos capaces de contener y hacer frente a la pandemia que las sociedades que habían dado prioridad a las medidas de seguridad humana y de desarrollo sostenible, como la salud y la educación públicas.
Ni las armas nucleares ni las armas convencionales pueden prevenir la propagación de enfermedades infecciosas. Ni tampoco pueden ayudar a las personas contagiadas. Ni pueden hacer frente a los efectos económicos de las pandemias, como la pérdida de trabajos y de ingresos. Ni pueden ayudar a reconstruir economías sostenibles cuando el mundo resurge de las pandemias. Además, el flujo mundial de armas, incluidas armas pequeñas y armas ligeras, normalmente agrava los conflictos armados y dificulta los esfuerzos de paz. En las comunidades enzarzadas en un conflicto armado, es prácticamente imposible aplicar medidas de salud pública que contengan y hagan frente a dichas pandemias. Por otro lado, los efectos y el uso inapropiado de las armas pequeñas y armas ligeras retiran recursos de unos sistemas de salud públicos ya de por sí al límite de su capacidad.
La pandemia de COVID-19 demuestra la importancia de dar prioridad a la inversión en la seguridad humana y no concentrarse primordialmente en reforzar la seguridad militar. De hecho, un porcentaje considerable del exorbitante presupuesto militar mundial de 1,9 billones de dólares debería reinvertirse en fortalecer la salud pública y construir economías resilientes. La pandemia ha servido también para mostrar la importancia de la inversión en procesos de paz para acabar con los conflictos armados. Tras reconocer este hecho, el Secretario General de la ONU lanzó en marzo de 2020 una iniciativa global especial de alto el fuego y dio un renovado impulso a los enviados especiales de la ONU con el fin de ayudar a facilitar los altos el fuego en las regiones en conflicto. El desarme desempeña un importante papel de apoyo, al restringir el conflicto armado y ayudar a reducir los presupuestos militares, liberando recursos para la salud pública y la seguridad humana.
Salud pública y armas explosivas
El uso de armamento explosivo en zonas pobladas ha dejado los sistemas sanitarios de sociedades enteras desprovistos de los medios necesarios para combatir la pandemia. El gasto militar mundial llegó este año a cotas máximas, donde los gobiernos se enfrentan a una necesidad urgente de redirigir recursos a la recuperación económica y a la creación efectiva de empleo.
Izumi Nakamitsu, Alta Representante para Asuntos de Desarme de la ONU, 27 de mayo de 2020.
La pandemia de COVID-19 demuestra también la importancia de la Convención sobre armas biológicas y toxínicas de 1972 (CABT) y de las medidas para prevenir la propagación de las armas biológicas que fueron adoptadas en la Resolución 1540 del Consejo de Seguridad de la ONU.
La pandemia no se inició por la propagación intencionada del virus COVID-19 con fines militares, lo que intentaban prevenir y solucionar la CABT y la Resolución 1540 en su concepción. Sin embargo, la pandemia demuestra los efectos humanitarios y económicos catastróficos de la propagación de un nuevo virus con una naturaleza que podría ser utilizada para fines militares, así como la cooperación mundial y el conjunto de medidas que serían necesarias si alguna vez se utilizaran armas biológicas.
Hasta ahora, los gobiernos se han mostrado reacios a otorgar a la CABT la suficiente autoridad o los suficientes recursos para poder abordar de manera apropiada la amenaza de la guerra biológica. El convenio carece de un organismo de verificación y de medidas de ejecución problemática, apoyándose únicamente en el Consejo de Seguridad de la ONU, que puede ser bloqueado por cualquiera de los cinco miembros permanentes. La pandemia de COVID-19 resalta estas deficiencias y podría derivar en una revisión y fortalecimiento de la CABT.
Entretanto, el conocimiento, los mecanismos de transparencia y los ejemplos de aplicación de políticas eficaces que han generado la CABT y la Resolución 1540 en relación con el control de los agentes biológicos y toxínicos pueden resultar útiles para la prevención y mitigación de las pandemias. A ello podría contribuir una mayor cooperación entre las autoridades de la no proliferación o el desarme y las autoridades de la salud pública a nivel internacional y nacional.
