En enero de 2020, el Boletín de Científicos Atómicos movió las manecillas del simbólico Reloj del Juicio Final a 100 segundos para la media noche, lo más cerca que ha estado nunca del posible fin de la civilización. Para explicar esta decisión, el grupo citó dos amenazas existenciales paralelas a las que se enfrenta la humanidad: la guerra nuclear y el cambio climático. La amenaza cada vez mayor de las armas nucleares surge al mismo tiempo que colapsan los acuerdos para su control, los países nuclearmente armados están desarrollando nuevos sistemas de armamento, y los conflictos entre países nuclearmente armados son cada vez más intensos. Paralelamente, a día de hoy, los gobiernos están gastando cerca de 2 billones de dólares al año en armas y fuerzas militares, y por todo el mundo circulan más de mil millones de armas pequeñas y armas ligeras, causando todos los años la muerte de aproximadamente 220.000 personas.
La pandemia de COVID-19 ha servido para demostrar que ni las armas nucleares ni las armas convencionales, ni tampoco los ejércitos, pueden prevenir la propagación de enfermedades infecciosas, ni hacer frente a sus consecuencias para la salud pública y la economía. Al contrario, lo que hace normalmente el flujo de armas es estimular los conflictos armados y dificultar la implantación de medidas de salud pública necesarias para responder a una pandemia grave.
Tampoco ayudan las armas nucleares, las armas convencionales ni los grandes ejércitos a solucionar el cambio climático ni a alcanzar los Objetivos de desarrollo sostenible. En realidad, las operaciones militares están entre los mayores contribuidores a las emisiones de carbono. Además, resulta complicado contar con la financiación necesaria para la aplicación de los Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) mientras los gobiernos mantengan unos presupuestos militares tan elevados. Se favorecen más la acción climática y la aplicación de los ODS a través del desarme, la diplomacia y la solución de conflictos que continuando con la militarización.
La acción parlamentaria es fundamental para darle un giro a las prioridades de seguridad nacional, desplazando la seguridad militar como foco de atención principal y dándole un mayor énfasis a la cooperación y a la seguridad humana. En este sentido, el compromiso parlamentario es necesario para poder promover los planteamientos clave de Asegurar nuestro futuro común, la agenda para el desarme lanzada por el Secretario General de la ONU, António Guterres, así como para garantizar la aplicación efectiva y la sostenibilidad de las políticas e iniciativas de desarme.
Los parlamentos y los parlamentarios tienen responsabilidades a la hora de autorizar la ratificación de acuerdos de desarme y adoptar medidas de aplicación nacional, asignar presupuestos de apoyo al desarme, supervisar la aplicación de las obligaciones de desarme por parte del gobierno, destacar y replicar las políticas y prácticas ejemplares y desarrollar la cooperación entre legisladores y parlamentos, tanto a nivel regional como global.
Este manual proporciona ejemplos de buenas prácticas, junto con recomendaciones, para que los parlamentarios puedan adoptar medidas que puedan suponer un cambio real y Asegurar nuestro futuro común.
La contribución de los parlamentos
Los parlamentos, como representantes directos de los ciudadanos, poseen responsabilidades en el establecimiento y supervisión de las normas. Pueden ejercer presión moral, fiscal y legislativa para asegurarse de que los gobiernos hagan que el mundo se acerque a la eliminación de las armas nucleares.
Las redes internacionales creadas por los parlamentarios han servido para avanzar y fortalecer el régimen mundial de desarme y no proliferación, no solo en relación con las armas nucleares, sino con todas las armas de destrucción masiva y otras armas consideradas inhumanas, como las minas terrestres y las municiones en racimo.
Izumi Nakamitsu, Alta Representante para Asuntos de Desarme de la ONU, simposio parlamentario de Nueva Zelanda, 10 de marzo de 2020.
